Cuando el conservacionismo ya no alcanza: avances extractivos y pueblos indígenas en aislamiento

Un día como hoy hace más de 500 años, Cristóbal Colón “descubrió” América dejando la puerta abierta a la colonización española. Precisamente, en el marco de ese acontecimiento, actualmente cada 12 de octubre celebramos el “Día de los pueblos originarios y el diálogo intercultural” como reivindicación al encuentro brutal y traumático que este significó para algunas poblaciones, las cuales posteriormente pasaron a ser denominadas “indígenas” como identidad opuesta a la de los recién llegados. En pleno siglo XXI, con movimientos indígenas cada vez más globalizados, y que van ganando mayor participación en la vida pública y en los medios de comunicación, no debemos dejar de lado a aquellos indígenas que han decidido mantenerse al margen del resto de la sociedad nacional: los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial (de ahora en adelante PIACI).

Es interesante cómo algunos autores se refieren al proceso histórico de integración que han vivido estos pueblos en aislamiento como grupos atrapados en un determinado territorio en el marco de los proyectos Estado-Nación del siglo XIX. Naturalmente, los PIACI no conocen de fronteras ni de límites geográficos y menos de referencias de identidades nacionales. No obstante, los territorios en los cuales habitan están circunscritos a países, transitando de forma arbitraria por sus fronteras, lo cual implica consecuencias y repercusiones en su estilo de vida, y en la administración del Estado sobre su territorio. Un caso peculiar es la reciente creación del Parque Nacional Sierra del Divisor, la cual se ubica al lado del otro gran Parque Nacional Serra Do Divisor de Brasil, creado en 1989, formando así entre ambas naciones un gran corredor biológico para los indígenas en aislamiento, aumentando sus posibilidades de movilidad en el territorio.

Aun cuando no establezcan relaciones con el resto de la sociedad, existe todo un aparato jurídico, nacional e internacional, que se encarga de resguardar y velar por sus derechos. Estos últimos se refieren principalmente al derecho a la vida, a la libre autodeterminación y al no contacto; a sus tierras, territorios y recursos; a la cultura; al mantenimiento de sus prácticas tradicionales y ancestrales; a definir sus modelos de desarrollo, entre otros.

Respecto a ello, los países pueden mantener diferentes enfoques y perspectivas para aplicar determinadas políticas.  En Brasil, por ejemplo, se propuso el modelo del “contacto controlado”, el cual se refería a que el Estado empezara a entablar relaciones con estas poblaciones bajo el supuesto de que se debe conocer a quienes se busca proteger. Esta política fue aplicada por Brasil principalmente antes de 1980, y tuvo resultados desastrosos. Perú ha aprendido muchas lecciones a partir del caso brasilero y han decidido, por tanto, mantener como política estatal el “no contacto” por ningún motivo. Precisamente, cuando Patricia Balbuena, titular del Viceministerio de Interculturalidad, deslizó la posibilidad del contacto controlado, las organizaciones indígenas criticaron duramente estas declaraciones.

per-mash-dc-01_screen

No obstante, el Estado se ha preocupado por establecer áreas naturales protegidas exclusivamente para estos pueblos en aislamiento. Así, en los tiempos recientes, se ha producido una clara distinción entre lo que son Reservas Territoriales y Reservas Indígenas. Ambas son tierras delimitadas por el Estado bajo el objetivo de proteger los derechos, territorios y condiciones de vida de los PIACI. Sin embargo, aunque se refieran a la misma porción de tierra, las Reservas Indígenas son una figura jurídica que nació con la Ley 28736 del 2005 y que pretende reemplazar a la figura precedente de las Reservas Territoriales. Este cambio de nombre, aunque no tergiversa drásticamente la jurisdicción del territorio ni otorga ni quita más o menos derechos, sí dota a la categorización del área de una mayor protección legal por el hecho de definir a las autoridades competentes, la normatividad, y las medidas de control en lo referido a las actividades permitidas en esas zonas. Actualmente, hay un proceso de adecuación para que las RT pasen a ser Reservas Indígenas. En julio del 2016, de las cinco reservas territoriales que existían, tres fueron declaradas como Reservas Indígenas (Mashco Piro, Murunahua e Isconahua) constituyendo así un triunfo en la protección de los PIACI, pues se prohibía el establecimiento o asentamiento de poblaciones diferentes a la de los pueblos ancestrales que habitaban en su interior.

Si bien se ha avanzado bastante en lo referido a ganar territorios para el libre desplazamiento de los pueblos indígenas en aislamiento, aún queda mucho por hacer respecto a la intangibilidad de sus tierras y para frenar actividades como la deforestación, la tala, la minería ilegal y los proyectos extractivos de hidrocarburos, los cuales vienen filtrándose sin que nadie lo pueda detener. Esto representa un atentado a los derechos de los PIACI, pues sus territorios deben estar restringidos de realizar actividades distintas a las de los usos y costumbres ancestrales que mantienen estos pueblos. Sin embargo, los contratos de exploración petrolífera y los daños medioambientales siguen amenazando su estilo de vida[1].

Sobre este panorama, ¿qué les espera a los pueblos indígenas en aislamiento? En primer lugar, la reciente creación del Parque Nacional Sierra del Divisor ha sido el primer gran caso de área natural protegida con presencia de PIACI que nace en un contexto favorable de legislación internacional y nacional. En segundo lugar, la determinación de reservas o demás áreas naturales protegidas debe plantear un conservacionismo alejado del considerado clásico, aquel que solo se preocupa por preservar la diversidad biológica y riqueza de la mega diversidad. En nuestro contexto, las propuestas de creación de estas grandes áreas tienen que involucrar la participación y la consulta previa a pueblos indígenas, así como a organizaciones indígenas aun cuando esto resulte problemático en tanto que ellos se adjudican la representación de pueblos que han decidido no integrarse al resto de la sociedad nacional. Esta vinculación, más que de carácter étnica, es una identidad relacional. Es decir,  lo “indígena” es una categoría mental, una posición frente a algo, que, en este caso, es el Estado. Debido a ello, las organizaciones indígenas han asumido el papel de representar a pueblos que no exigen representación.

En tercer lugar, se debe problematizar la relación de los PIACI con el Estado, pues este vínculo no es unidimensional ni está regido por criterios de nacionalidad. Los PIACI no son los ciudadanos –en tanto no han manifestado su deseo de pertenecer a la sociedad nacional- de ningún Estado. El Estado mantiene su obligación de proteger a estos pueblos por un enfoque de derechos humanos y de interculturalidad que se ve ratificado por los convenios internacionales suscritos. No obstante, ¿el Estado debería mantener únicamente una visión de administración de territorios? Lo máximo en lo referido a servicios que el Estado puede brindarles es garantizarles la intangibilidad del territorio para que realicen sus actividades de forma autónoma y sin intromisión de terceros. Sin embargo, el avance de actividades extractivas, deforestación, o minería ilegal están quitándole territorio a estos pueblos en aislamiento y obligándolos a salir en búsqueda de recursos y alimentos para sobrevivir. El Ministerio de Cultura ha reportado numerosos enfrentamientos entre comunidades nativas adyacentes a reservas o parques nacionales con pueblos en aislamiento debido al acecho de estos últimos por bienes que ya no pueden adquirir (alimentos) o cuyo interés por adquirir va en aumento (armas y herramientas) que facilitan su vida cada vez más dura en las profundidades de la selva[2].

Por último, en un día como hoy, es necesario debatir sobre si la única política exitosa para con los pueblos indígenas en aislamiento es la de creación y demarcación de territorios. No cabe duda de que el tema de los PIACI ha ido ganando visibilidad, y cada vez más el Estado desea tener información sistematizada. Esto nos interpela a cuestionar el sentido del llamado “no contacto”. Este se puede entender como un vínculo que es imposible que sea físico, pero que no escapa de su dimensión social y ambiental. Así, aunque estén “no contactados”, sufren por los efectos del cambio climático y por la tala y minería ilegales dentro de sus territorios. Resulta paradójico de que junto a la elección de los PIACI por mantenerse lejos del resto de peruanos, el Estado evidencie la necesidad de monitorear constantemente la presencia estos pueblos a fin de confirmar que aún están allí y de que no fueron alcanzados por los perjuicios de ciertas industrias. Se necesita, entonces, repensar y debatir las políticas de protección a estos pueblos más allá de  la cuestión territorial; y replantear temas como la lucha contra la deforestación, las actividades ilegales y el cambio climático.

 

[1] http://www.caaap.org.pe/website/2016/10/06/al-descubierto-un-plan-maestro-para-abrir-la-tierra-de-indigenas-aislados-en-sierra-del-divisor-al-petroleo/

 

[2] https://inkenishiku.lamula.pe/2015/07/22/sobre-lo-delicado-que-es-hablar-por-otros/lufelipeis/

Anuncios

Puedes comentar aquí:

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s